Dos casos sin castigo que avergüenzan: la senadora Domínguez y los falsos paralímpicos

Las autoridades españolas no se atreven a sancionar por dopaje a la mejor atleta española, mientras que la Justicia deja casi impune la infamia cometida por los responsables del falso equipo de discapacitados enviado a los Juegos de Sydney en el 2000 

Fuente: plazamayorsinnumero.worpress.com

España es una potencia mundial en el deporte. El nivel general de sus deportistas están muy por encima de la media del país. Sin embargo, últimamente se están conociendo algunos casos que sonrojan, incluso al más desvergonzado, por la falta de honradez de sus protagonistas y la ausencia de la más mínima ética en los encargados de impartir justicia. Son dos casos que han aparecido en los medios de comunicación, pero de pasada, sin profundizar en ellos, no vaya a ser que se saquen los colores a este país de pandereta que a veces demostramos ser. La ausencia de una decisión por parte de las autoridades deportivas en el caso de acusación por dopaje a Marta Domínguez y el mínimo castigo impuesto a los responsables del falso equipo de baloncesto de discapacitados enviado a los Juegos Olímpicos del 2000 ahondan un poco más nuestras miserias, ratifican una carencia de ética asombrosa en este país y dañan todavía más nuestra imagen internacional de pueblo permisivo con los que infringen las leyes. Algo que se está convirtiendo en norma después de las polémicas sentencias y decisiones judiciales en casos tan dañinos como las operaciones Puerto y Galgo.

La sombra de la sospecha persigue a la senadora del PP Marta Domínguez desde hace ocho años. La mejor atleta española de todos los tiempos se ha visto involucrada en las dos operaciones policiales más importantes de este país en la lucha contra el dopaje. Y de ambas ha salido indemne gracias al complejo entramado del sistema español contra el consumo de drogas en el deporte. La primera vez que su nombre apareció relacionado con esta lacra fue en la operación Puerto. Una de las bolsas de sangre incautadas en los registros llevaba el nombre de su perro, Urco, y se conoció su relación con el médico Eufemiano Fuentes, conocido popularmente como el doctor pastillas. Pero como en el 2006 la legislación española no consideraba delito el dopaje, no se pudo identificar la sangre incautada. Libre por los pelos, siguió compitiendo y ganó la medalla de oro en los 3.000 metros obstáculos en los Mundiales de Atletismo del 2009 en Berlín. Pero al año siguiente, la senadora Domínguez fue detenida por participar en una organización para el tráfico de sustancias dopantes. La policía registró su casa en el marco de la operación Galgo y su reputación quedó por los suelos. Pero defectos de forma en la obtención de la pruebas y una hábil defensa sirvieron para exculpar a la palentina, a pesar de que en el auto se insinuaba que podía haber consumido sustancias dopantes.

Fuente: teinteresa.es

A pesar de tantos indicios, ninguna autoridad en España tomó medidas para investigar en profundidad tantas sospechas. Es más, el PP decidió por su cuenta que todo los sucedido fue un mal entendido y, como premio, presentó a la atleta palentina en sus listas al Senado en el 2011. Y como los españoles somos magnánimos con nuestros corruptos, recibió el suficiente apoyo como para alcanzar un escaño en la Cámara alta. Menos mal que las autoridades europeas muestran más entereza que las de este país. Así, la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) comenzó a estudiar con lupa su pasaporte biológico. Y tras analizar sus valores biológicos antes y después de su retirada temporal para ser madre, llegó a la conclusión de que se había dopado sistemáticamente. La resolución fue trasladada a la Federación Española de Atletismo, con una propuesta de cuatro años de sanción, pero el organismo que dirige el ínclito José María Odriozola se ha lavado las manos y ha pasado la papeleta al Consejo Superior de Deportes (CSD). Ahora son sus compañeros de partido los que dilatan la decisión, en espera, se supone, de que se olvide lo sucedido. Un ejemplo más de que en este país solo pagan por sus decisiones erróneas los menos poderosos.

Y si este episodio ruboriza, el de los falsos paralímpicos abochorna. Esta semana se ha sabido que Fernando Martín Vicente, que dirigía en el año 2000 la Federación de Discapacitados Intelectuales, solo ha sido condenado al pago de 5.400 euros de multa y la devolución de 140.000 que cobró en subvenciones fraudulentas para el organismo que dirigía, por haber enviado a los Juegos Olímpicos de Sydney un equipo de baloncesto en el que solo había dos jugadores discapacitados. Los ocho miembros del comité de Elegibilidad (los que aceptaron falsificar los papeles necesarios para que los jugadores pasaran por discapacitados) y los diez falsos jugadores con capacidad intelectual disminuida han sido absueltos tras llegar las partes a un acuerdo y aceptar para Martín Vicente un delito continuado de falsedad en documento oficial y otro de estafa. Este delincuente abandonó la Audiencia Provincial de Madrid por la puerta de atrás y en un BMW con chófer y otro coche de seguridad.

Fuente: abc.es

La trampa se destapó gracias a que uno de los jugadores era un periodista que sabía que esta Federación había actuado otra veces de manera tan deshonesta. Le aceptaron en el equipo y al llegar a Madrid lo contó todo en la revista Gigantes del básket. Los miembros del equipo español llegaron a Barajas con la medalla de oro colgada al cuello. Solo los dos jugadores que tenían su correspondiente certificado real de minusvalía dieron la cara ante la prensa. El resto, con gafas de sol y barba para intentar pasar desapercibidos, se quedaron en segundo plano. Incluso en Sydney, la Infanta Elena les vistió para darle la enhorabuena. Es más, cuando llegaron al hotel de dicha localidad australiana, los jugadores apenas rellenaron sus fichas para no revelar la realidad. Todo un deshonroso montaje simplemente para recibir mayores subvenciones. El Comité Paralímpico abrió una investigación e impulsó el juicio al comprobar que todo era verdad. Los jugadores tuvieron que devolver sus medallas. Y ahora, ¡13 años después!, se produce este castigo venial, que solo aumenta la podredumbre de unos de los episodios más lúgubres del deporte español.

Las decisiones de las autoridades españolas para proteger a los miembros podridos de este país, así como las sentencias veniales e injustas dictadas por los tribunales cuando los delincuentes son juzgados, no hacen sino que emponzoñar más las cloacas de un Estado que necesita grandes corrientes de honestidad para contrapesar tamaña indecencia despreciable. Visto que tanto impresentables es capaz de dormir a pierna suelta a pesar de su ruindad, es necesario que las autoridades políticas y deportivas muestren responsabilidad, honestidad, rectitud y decencia. Porque si no lo hacen, estamos destinados a ser un país de truhanes, donde los pícaros y los desvergonzados campeen a sus anchas e, incluso, sean visto por muchos como listos e inteligentes. No es de recibo que en España se aplauda a los vagos y defraudadores. O cambiamos de mentalidad y actitud ante tanto escarnio, o estamos abocados a revolcarnos sin límite en nuestra propia mierda.